El 1o de julio de 2025 comenzó la campaña de vacunación masiva gratuita contra el meningococo por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP). Los boletines epidemiológicos que dan cuenta de los casos y fallecidos por las enfermedades de notificación obligatoria como la meningocócica, están disponibles en el sitio web del MSP, para este año y los correspondientes a las mismas semanas del año pasado.
Hoy, 28 de julio, el último boletín disponible corresponde a la semana epidemiológica 26 de 2026 y permite conocer los casos y fallecimientos por enfermedad meningocócica registrados hasta fines de junio. Es, por tanto, el primer corte que permite evaluar qué ocurrió durante exactamente el primer año de vigencia de la vacunación masiva y gratuita. La comparación pertinente es con la semana 26 de 2025 y, como referencia adicional, con la de 2024. A partir de esos boletines elaboramos el siguiente cuadro:
Surge que de 2024 a 2025 habían bajado los casos y los fallecidos por enfermedad meningocócica previo a la campaña de vacunación masiva gratuita. A partir de ella, entre 2025 y 2026 aumentaron levemente los casos y fallecidos de enfermedad meningocócica pero no alcanzaron los niveles de 2024.
Sin embargo se instaló en los medios una alarma por un «aumento inusual de casos», expresión utilizada por las propias autoridades sanitarias. El fallecimiento de menores por la enfermedad meningocócica que no estaban vacunados por no encontrarse comprendidos en el esquema definido por el MSP, movilizó a un grupo de padres, que reunió firmas para presentar una carta al presidente Yamandú Orsi. La iniciativa fue trasladada a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y en menos de una semana el Ministerio anunció la adquisición de más vacunas para ampliar la población objetivo, además de habilitar una agenda previa.
Hasta aquí, una secuencia de decisiones sanitarias. Pero el contexto político agrega un elemento que no debería pasar inadvertido.
A mediados de junio, Cristina Lustemberg había tenido que comparecer ante la Comisión de Salud del Senado para explicar la reducción de la inhabilitación impuesta a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis. El episodio generó fuertes cuestionamientos políticos y llevó a la oposición a reclamar la remoción de la ministra. Ese era, en aquel momento, el asunto que dominaba la agenda política y mediática.
Entonces cambió el escenario.
La instalación de la alerta sanitaria en torno al supuesto brote de meningitis desplazó rápidamente el eje de la discusión. La ministra cuestionada pasó de estar en el centro de la controversia política a ocupar el centro de la escena como autoridad responsable de enfrentar una supuesta emergencia sanitaria. Y, de pronto, el clamor opositor por su remoción se acalló.
¿Una simple coincidencia temporal? ¿Una oportunidad política aprovechada? ¿O la utilización de una alarma sanitaria sobredimensionada para redimir a la ministra y contribuir a recuperar la deteriorada imagen del presidente?
Los datos epidemiológicos disponibles merecen ser examinados antes de aceptar sin más el relato de una “crisis”. Porque mientras la ciudadanía es convocada a temer por la salud de sus hijos, la ministra dejó de ocupar los titulares por el episodio que había puesto en entredicho su gestión.
La pregunta, entonces, no es solamente qué ocurrió con los casos de enfermedad meningocócica. También corresponde preguntarse cómo se construyó la alarma, qué datos se utilizaron para justificarla y a quién benefició políticamente su instalación.
