La Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) informa que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el MSP (en ese orden) en coordinación con la empresa privada Equipos Consultores, están realizando una encuesta puerta a puerta para “evaluar la precisión de las estimaciones de población generadas por la OPS utilizando imágenes de satélite”. El objetivo es planificar “diferentes actividades” como “campañas de vacunación a los diferentes grupos”.
Es preocupante que la OPS secundada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (de acuerdo a los logos que luce el cabezal del comunicado) posea información georreferenciada sobre la población de Uruguay y que para el MSP sea la fuente acreditada en lugar de la provista por Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Quién financia esta iniciativa tan sui géneris? Quien financia ¿compartirá los datos? ¿Por qué no solicitó el MSP la colaboración del INE? Recordemos que en el censo del año pasado, seguramente a instancias del MSP, el INE recabó en cada hogar información sobre personas diagnosticadas con trastornos del espectro autista. Es muy extraño que, además de la información sobre población disponible desde el INE y estando en poder del MSP toda la información sobre el estado vacunal de las personas y hasta en qué vacunatorio recibieron las dosis aquellas que están vacunadas, realice este “micro censo” de hogares en función de información provista por OPS. ¿No es confiable la información del INE y la del MSP? ¿El MSP no es capaz de obtener lo que necesita para su objetivo sin necesidad de entrar en gastos adicionales beneficiando a un particular que no sabemos cómo resultó elegido?
No es pecar de suspicacia pensar que tal vez a la fecha del comunicado, 30 de setiembre, estuvieran operando otros intereses a tan solo menos de un mes de las elecciones nacionales para las que el oficialismo se afanaba para destacar en las otras encuestas.
Como no podía ser de otra manera, el MSP informa que la participación es voluntaria y que en cumplimiento de la normativa vigente, solicita al encuestado la firma de su consentimiento para el tratamiento de los datos del hogar visitado. En efecto, la ley 18.331 de protección de datos personales establece como «dato sensible» la información referente a la salud de la persona, a la par que la opción sexual. El estado vacunal es información de salud y por lo tanto dato sensible. El artículo 18 de dicha ley establece: «Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Éstos sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley, o cuando el organismo solicitante tenga mandato legal para hacerlo» (subrayado y negrita nuestros). En el caso que nos ocupa, no estamos en presencia de “razones de interés general autorizadas por ley” o “un mandato legal para hacerlo”. Por esta razón es tan importante conocer nuestros derechos para hacerlos valer cuando la presencia de una autoridad pública en la privacidad del hogar puede intimidar a los desprevenidos.
Un detalle arroja sospechas sobre la forma en que se procede a dar cumplimiento a esta iniciativa. La misma no está suscrita por la propia ministra de Salud Pública, Dra. Karina Rando, cara visible de cuanto anuncio sobre vacunas ha realizado el MSP desde su asunción y que podría tener más peso a la hora de convocar a responder la encuesta.
Abrir la puerta a quien llama sin invitación previa y para recopilar información personal protegida por ley, es cosa seria. Ya pasamos por el censo nacional y, a más de un año de realizado, aún no están los resultados. ¿Será tan necesario privatizar un trabajo cuya información preliminar ya se posee en el MSP? ¿No hay personal capacitado para hacerlo? ¿Cuál es la verdadera razón por la que se hace esta encuesta y micro censo?